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La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria fue aprobada en diciembre de 2021 con el objetivo de constituirse como un elemento clave para lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. A raíz del listado publicado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, en el que ha reflejado las primeras 69 sanciones por su incumplimiento y por infracciones efectuadas por diferentes empresas, repasamos en qué consiste esta Ley y cómo afecta al sector y a los consumidores.
La principal misión de esta iniciativa era mejorar la legislación de la contratación alimentaria y regular todas las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. De esta forma, se lograrían unos precios más justos para todos los operadores, en particular los más débiles, los productores. Por ejemplo, esta norma prohíbe la destrucción de valor, por lo que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Esto significa básicamente que se prohíbe una venta a pérdidas, es decir, vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado.
Además de regular los contratos de todas las partes con el fin de fomentar la transparencia comercial, añadió también nuevas prácticas consideradas como abusivas, entre las que estaban la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, un cambio unilateral de los términos de un contrato, la difusión de secretos de empresa o la anulación de un pedido de productos perecederos dentro del mes previos al momento indicado, entre otras medidas.
Para llevar a cabo las tareas de control, se reforzó el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), reconocida como autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Es el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.
Entre los principales motivos de las sanciones que se han publicado recientemente, estarían el incumplimiento de los plazos de pago (fijados en un máximo de 60 días), casos sin formalizar por escrito el contrato, o no figuraba el precio pactado por las partes. Mientras que en otros se habían hecho cambios del precio incluido en el contrato, pero no estaban pactados. Por su parte, no había ninguna sanción por la venta a pérdidas, que es uno de los principales objetivos de la ley, tal y como comentábamos anteriormente.
¿Cómo afecta esto a los consumidores?
Aunque dicha ley finaliza su ámbito de aplicación en el distribuidor, en cierta manera también acaba afectando al consumidor de una u otra forma. Según aseguró en su día José Miguel Soriano, responsable del equipo de Agroalimentario de Andersen, a Newtral, «la estricta aplicación de la ley de la cadena va a suponer que el consumidor va a tener que pagar más. La distribución tiene que respetar la obligación de comprar por encima del coste objetivo de producción, si compra más caro, venderá más caro. Es una cadena”.
Por su parte, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) explicaron que el consumidor se vería afectado si no se la Ley no se aplicaba correctamente, ya que podría beneficiar a ciertas piezas de la cadena en perjuicio de otras. “El sector de la gran distribución acumula tanto poder que utiliza la alimentación como producto reclamo, haciendo ofertas abusivas. Esto ha provocado un contexto de precios bajistas a lo largo de toda la cadena que al final termina ahogando al primer eslabón”, añadieron en Newtral.
En la actualidad, el precio de los alimentos es el más caro desde que se tienen registros. En enero hubo un aumento del 15,4% anual. Uno de los problemas vienen por los costes de producción de los alimentos, algo que vienen denunciando diversas asociaciones del sector desde hace meses. A la hora de cultivar, pescar o criar a los animales destinados al consumo el coste es mucho mayor, debido al incremento del precio de la energía o el cambio climático.
El Ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas mantuvo una reunión con el Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la subida de precios. En la rueda de prensa posterior, afirmó que había «razones objetivas para que los alimentos bajen de precio y se produjera un cambio de tendencia».
Mientras que desde diferentes asociaciones del sector agroalimentario bajar el IVA de la carne y del pescado, u otros productos como la miel, las conservas o los yogures. Medidas que, de momento, no se plantean llevar a cabo desde el gobierno. Eso sí, desde Unidas Podemos Unidas Podemos proponen “una bonificación de la cesta de la compra básica de un 14,4% mediante un descuento directo para aliviar la economía de muchas familias”.