El juicio por el robo de las 45 botellas de vino de alta gama en el restaurante Atrio de Cáceres, que cuenta con tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol, ha quedado visto para sentencia tras la declaración de los peritos y la conclusiones de las partes en las que la fiscal Carmen Barquilla ha asegurado que “numerosos indicios” acreditan que los acusados, Constantin Dumitru y Priscila Lara Guevara, son los autores de este robo perpretado en octubre de 2021.
Antes de que el magistrado Joaquín González Casso levantara la sesión ha tomado la palabra Constantin Dumitru para defender su inocencia y la de su compañera. El acusado ha recordado que en sus teléfonos no se han encontrado fotos o conversaciones alusivas a los hechos y ha puesto en duda las pruebas periciales, ya que “no se ha encontrado nada” por lo que se ha preguntado “dónde están las botellas”, y ha criticado que una bodega tan importante no tuviera cámaras de vigilancia en su interior.
Así, la tercera y última jornada de la vista en la Audiencia Provincial de Cáceres ha transcurrido con las declaraciones de los cinco peritos que han corroborado, por un lado, el valor de los vinos sustraídos, y por otro los análisis de ADN encontrado en el baño de la habitación 107 del hotel y cuyas muestras corresponden con los acusados, según los informes de agentes de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid que analizaron estos “restos celulares” que “son compatibles” con el perfil de Pryscila y Constantin, y el de una tercera persona desconocida.
Respecto a la identificación facial, la policía científica también ha ratificado las analogías entre las fotografías realizadas cuando se detuvo a los causados que se han cotejado con el pasaporte, pero no con las imágenes aparecidas en las cámaras de seguridad porque eran de mala calidad y los resultados no podían ser concluyentes.
En cuanto al perito que realizó la tasación de los vinos sustraídos de la bodega del restaurante con tres estrellas Michelin, ha declarado que el peritaje se encargó por parte de la aseguradora el 28 de octubre de 2021, el día después del robo, y lo concluyó con una metodología “minuciosa y laboriosa” con fecha de 22 de febrero de 2022.
Para realizar el informe se valió del asesoramiento de profesionales, canales de distribución de estos vinos de alta gama y casas de subastas, por lo que determinó que el valor de las 45 botellas robadas se eleva a 753.454,45 euros, cantidad que se ajusta a “un valor de mercado objetivo” del vino de las bodegas Château D’Yquem y Romanée-Conti que fueron sustraídas, y que coincide con la indemnización que recibieron los dueños de Atrio tras llegar a un acuerdo con la aseguradora Reale.
CONCLUSIONES DE LAS PARTES
En cuanto a las conclusiones, la fiscal Carmen Barquilla mantiene su petición de cuatro años y seis meses de prisión para ambos acusados por un delito de robo con fuerza en establecimiento público que reviste una especial gravedad por la elevada cuantía de los objetos sustraídos y por su “valor histórico”, en relación a la botella de 1806. Solicita también una indemnización a la compañía aseguradora por el valor peritado de los vinos o la restitución de las botellas.
La fiscal considera que la pena es “propocional y adecuada” ya que, a lo largo del juicio, ha quedado acreditado que los acusados son los autores del delito de robo, aunque “no hay una prueba directa acerca de la autoría de los hechos” sino “numerosos indicios” reforzados entre sí e interrelacionados que han sido avalados por los testigos y las pruebas periciales que sitúan a los acusados en la habitación 107 del hotel Atrio en la noche de los hechos.
El ADN, la huella dactilar, el cotejo de los teléfonos, la titularidad del coche utilizado y las grabaciones de seguridad demuestran que las personas que ocupaban esa habitación fueron las que perpetraron el robo ya que, mientras la mujer llamaba al recepcionista para pedir comida y apartarle del puesto de recepción, el hombre aprovechó para bajar a la bodega de donde salío hacia la una y media de la madrugada con una mochila y dos bolsas que “aparentemente pesaban mucho”, según ha relatado la fiscal, que ha pedido el visionado de las cámaras de seguridad por parte del tribunal pero no ha sido posible por problemas técnicos.
La fiscal ha defendido que la instrucción ha sido “escrupulosa con los derechos de los acusados” y las pruebas se han practicado con total pulcritud, lo que ha dado lugar a “múltiples indicios” que desvirtúan la presunción de inocencia. “Estos hechos están acreditados y existe una pluralidad de indicios que acreditan que los acusados son los autores del robo”, ha concluido.
La acusación particular, representada por el abogado de la aseguradora Reale, Rafael Mateos, ha señalado que el peritaje del valor de las botellas “ha sido objetivo”, por lo que reclama la cantidad de 753.454 euros, que fue la cantidad indemnizada a los dueños de Atrio, y la restitución de las botellas sustraídas, así como cinco años de cárcel.
“NUMEROSAS IRREGULARIDADES”
Por su parte, la abogada defensora de los acusados, Sylvia Córdoba, ha pedido la nulidad de la causa por las “numerosas irregularidades” que se han producido en la instrucción del caso y en la investigación policial, y ha pedido la absolución de sus clientes ya que no se ha podido cotejar “ni una sola prueba” sino indicios que no darían lugar a una sentencia condenatoria.
Córdoba ha pedido también la “inmediata” puesta en libertad de sus defendidos, ya que ambos se encuentran desde el verano pasado en la cárcel de Cáceres, algo sobre lo que el juez deberá pronunciarse.
En sus conclusiones, la abogada ha defendido que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y ha tachado de “desproporcionada” la solicitud “indiscriminada” del tráfico de llamadas telefónicas en la noche de los hechos en el entorno del hotel, algo que ha podido vulnerar también la intimidad de “miles de cacereños”.
Además, ha denunciado que se ha roto la cadena de custodia de los teléfonos de los acusados y que no se aportó a la investigación el volcado completo de lo que contenían sino “información modificada” que fue clasificada a conveniencia de los investigadores.
En cuanto a las pruebas aportadas por las grabaciones ha incidido en que “no pueden ser valoradas porque son de pésima calidad”, en ellas no se distingue a nadie y además no han podido verse en el juicio.
También se ha referido a la imposibilidad de transportar 45 botellas en dos bolsas de deporte “por espacio y por peso” y a las dudas sobre la tarjeta magnética que se utilizó para entrar en la bodega, ya que también se registró el uso de la tarjeta de la habitación 106 donde se alojaban unos amigos de los dueños de Atrio.
La abogada se ha referido en su intervención al hecho de que la bodega no tuviera cámaras de seguridad en el interior y al desfase sobre las horas de las grabaciones que “no está avalada por ningún informe técnico”, así como a la posibilidad de que la puerta estuviera abierta, lo que ya no sería un robo con fuerza sino un hurto.
Tampoco queda acreditado, según sus conclusiones, que los acusados hubieran visitado el hotel cacereño en tres ocasiones anteriores ya que no hay ningún informe oficial sobre este asunto y, respecto al ADN en la habitación ha defendido que no se sabe cómo ha llegado allí.
“Mis clientes no son Bonny and Clyde”, ha dicho la abogada, que también ha criticado el informe del perito sobre el valor de las botellas porque “no es un experto en vinos” y porque el documento se ha aportado a la causa un año después de hacerlo. “La duda debe favorecer al reo”, ha subrayado Córdoba que concluye que “sin pruebas no hay delito”.