El Gobierno gallego ha acordado este jueves, durante la reunión del Consello de la Xunta, intervenir como parte coadyuvante en el recurso de anulación presentado por la Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7) contra la regulación de ejecución de la Comisión Europea que establece el veto a la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias.
Este hecho permitiría a la Administración autonómica participar en el proceso, responder a los argumentos de Bruselas, la parte demandada, y reforzar los del sector.
De este modo, el Ejecutivo autonómico ha señalado que se intensifica el apoyo al sector marítimo-pesquero afectado por esta prohibición, así como al Gobierno estatal, que presentó su propio recurso.
En esta línea, han subrayado que se trata de «un paso más en la defensa de los intereses de la flota gallega», que se enmarca en la apuesta por avanzar en la vía judicial para frenar esta prohibición.
Asimismo, ha vuelto a señalar que el objetivo es hacer frente a una medida que en su primer mes de vigencia provocó un descenso de las capturas del palangre de fondo de Gran Sol del 50% y de un 20% en la facturación».
Además, han señalado que esto provoca la salida de la flota de unas zonas de pesca «en que las que faenó durante décadas a otras en que ya se encuentran buques, con el solapamiento de áreas de trabajo».
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, explicó este miércoles, cuando se anunció la decisión de la Xunta de sumarse como parte coadyuvante en el recurso, que hay seis semanas de plazo para sumarse a la demanda del sector una vez que salga publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. De este modo, será el Tribunal General de la UE quién, con posterioridad, decida sobre la demanda de intervención.
Quintana reiteró también que, para este veto, la UE «solo tiene en cuenta los criterios científicos y medioambientales y no los sociales y económicos».