El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno que culmine el desarrollo de la Ley de Cadena Alimentaria como «pide la mayoría de asociaciones agrarias» y mejore además los controles a los productos de terceros países.
Así lo ha señalado durante el pleno que celebra este jueves el Parlamento de Andalucía en respuesta al Grupo de Por Andalucía que ha demandado que la Administración andaluza sancione «las especulaciones con los precios» en el sector agrario.
En concreto, durante esta sesión plenaria, la portavoz parlamentaria del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha señalado la «tremenda preocupación de los agricultores» por la situación de su sector, en un marco en el que los mismos llevan tres días protagonizando protestas y cortes de tráfico sin autorización, al sentir «abandono» por parte de los poderes, afrontar un exceso de burocracia y sufrir especialmente las consecuencias de la sequía.
Nieto ha manifestado así su comprensión a estas reivindicaciones, exponiendo que los agricultores reclaman «que las reglas del juego sean iguales para todos y que se cumpla la ley», considerando que ante ello, el Gobierno andaluz del PP «no está haciendo todo lo que puede».
Al punto, ha señalado que en 2022, su grupo ya preguntó en el Parlamento sobre las inspecciones de la Junta para «cumplir su parte» de la Ley estatal de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en especial «para sancionar ante las especulaciones con los precios». A continuación, ha alertado de que «ha pasado el tiempo y en septiembre» de 2023, COAG avisaba de «ventas a pérdidas en Almería», ante lo cual no habría pesado «ninguna sanción» por parte de la Junta pese «a lo evidente de esas ventas a pérdidas en Andalucía».
LA GESTIÓN DEL AGUA
Además, ha asegurado que ante las preguntas de su grupo, la Junta habría alegado no contar con información con «suficiente certidumbre» sobre el control de las solicitudes de autorización para captar agua con destino al riego agrícola, la resolución de tales peticiones y las actuaciones frente a quienes «utilizan agua» para la actividad agrícola sin contar con permiso. «A día de hoy no saben cuánta agua se está captando ilegalmente en Andalucía», ha lamentado Inmaculada Nieto, acusando a Moreno de una «preocupante dejación de funciones».
Frente a ello, Juanma Moreno ha defendido que su Gobierno ha desplegado un «impresionante esfuerzo» para apoyar al sector agrícola andaluz, destacando especialmente los decretos autonómicos frente a la sequía, con obras cuya planificación suma una inversión requerida de unos 500 millones de euros. En ese sentido, ha criticado que Por Andalucía votase contra el segundo de tales decretos y se abstuviese ante el tercero y el cuarto.
En el caso de la Ley de la Cadena Alimentaria, ha asegurado que la Junta de Andalucía realiza las actuaciones que le solicita la Agencia de Información y Control Alimentario; agregando que el Gobierno central del PSOE y Sumar «tiene que culminar el desarrollo de esta ley, algo que pide la mayoría de asociaciones agrarias», porque se trata de un asunto aún «pendiente». «Que se dejen de anunciarlo y que la desarrollen y cumplan de una vez por todas», ha aseverado.
MEDIDAS CONTRA EL REETIQUETADO
Del mismo modo, ha defendido que la Junta ha creado un «programa específico» para combatir el reetiquetado, que se ha traducido en «más de 1.400 controles e inspecciones en función de lo que pide el Gobierno» central.
Ya en materia de agua, ha expuesto que la Junta actúa ante cualquier informe o denuncia de la Fiscalía o el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, pero siempre «en el ámbito de las responsabilidades y cuencas» autonómicas, pues la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), como órgano estatal, es competente «en el 67 por ciento de las cuencas» de la región, en las cuales la Junta carece de «responsabilidad».
Finalmente, Moreno ha reclamado al Gobierno central «controles a la incorporación de productos de terceros países», porque los mismos no están sujetos a las «condiciones de sostenibilidad ambiental» implantadas en España ni a las obligaciones que rigen en el país en materia laboral. Así, ha instado al Ejecutivo central a que «pase de las palabras a los hechos y trabaje con los agricultores», que según ha dicho no están «contentos» con la gestión estatal.