La habilitación de ayudas extraordinarias y urgentes de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y la sequía, así como la aprobación definitiva del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC), que permitirá su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, destacan entre los hitos logrados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
A ellos se suman la aprobación comunitaria del programa español del Fondo Europeo, Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA); el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la remisión a las Cortes de los proyectos de ley de pesca sostenible y para combatir el desperdicio alimentario tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
El año 2022 ha estado marcado por las dificultades derivadas del incremento de los costes de producción como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía y de las materias primas de determinados productos agrícolas, como los cereales y las oleaginosas, fundamentales no solo para la alimentación humana, sino también para la fabricación de piensos para la alimentación animal, así como de los fertilizantes.
Además, las adversidades climáticas (prolongada sequía y temperaturas extremadamente altas) han perjudicado a los cultivos y motivado que haya cosechas inferiores a las habituales.
Ante esta situación, el Gobierno, según ha destacado el MAPA, actuó con rapidez para adoptar a lo largo del año una serie de medidas que han servido para paliar los efectos de la crisis en el precio de los inputs en los sectores más afectados.
Con las medidas aprobadas esta semana en el Consejo de Ministros -que entrarán en vigor en 2023- han sido tres decretos específicos de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y otro, en marzo, para paliar los efectos de la sequía.
En total, se han acordado ayudas directas que superan los 1.000 millones de euros, a los que hay que sumar las ayudas directas por 660 millones de euros que se habilitarán para 2023.
Por otro lado, con la culminación del procedimiento normativo a lo largo del año, la nueva PAC 2021-2027 podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023, con un volumen de ayudas en el conjunto del período de 47.724 millones de euros, que, sumadas las aportaciones estatal y autonómica a la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural, sobrepasará los 50.000 millones de euros.
«Se trata de un instrumento muy potente para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales», ha destacado el departamento de Luis Planas, que ha destacado además que «la nueva PAC será más justa, más social y más sostenible».
La Comisión Europea ha aprobado también definitivamente el programa operativo español para el FEMPA, negociado y consensuado con las comunidades autónomas está dotado con 1.120 millones de euros. Este presupuesto, según el MAPA, convierte a España en el Estado miembro que más fondos recibe, acorde con la importancia de la flota pesquera nacional, que es la primera de la Unión Europea.
Asimismo, a lo largo del año 2022 ha continuado el despliegue del componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el MAPA, para lo que en esta segunda anualidad se han movilizado 450,5 millones de euros, que ratifican el compromiso del Gobierno con la mejora de la competitividad y el impulso de la modernización del sector agroalimentario.
De esta cantidad, 303 millones corresponden al segundo convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para la ejecución de 40 actuaciones de modernización de regadíos.
Con ello se completa la programación en este ámbito contemplada en el PRTR, 563 millones de euros en total, que supone su principal capítulo inversor, y que asciende a más de 700 millones de euros con la aportación privada.
Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de febrero el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) del sector agroalimentario, que va a dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década.
Cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación y está dotado con un presupuesto total de más de 1.800 millones de euros.
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Durante el año 2022, según ha explicado el MAPA, se ha avanzado en la aplicación de la nueva ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2021, y que ha resultado «muy oportuna» porque ha facilitado que, en contra de lo que ha ocurrido en situaciones anteriores de crisis, en esta ocasión el peso no recaiga en exclusiva sobre las espaldas de los productores primarios, los agricultores y ganaderos, que tienen garantizado por ley que en el precio de venta de sus producciones se repercutan los costes de producción.
A partir de 2023 estará operativo el registro electrónico de contratos en el que será obligatorio inscribir todos los contratos que se realicen en la cadena alimentaria.
Igualmente se ha constituido el comité de cooperación de las autoridades de ejecución entre la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las comunidades autónomas que debe velar por el cumplimiento de la ley.
En materia normativa, se ha avanzado en otros dos proyectos de ley esenciales que formaban parte del programa de legislatura y con los que el Gobierno cumple sus compromisos adquiridos: la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que tras su aprobación en segunda lectura por el Consejo de Ministros se encuentran actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.
En el último Consejo de Ministros del año se aprobó además en primera lectura el anteproyecto de ley de modernización del control y la inspección y la lucha contra la pesca ilegal, que inicia ahora su procedimiento de consultas con el sector y las comunidades autónomas.