El Gobierno Vasco y las diputaciones forales han acordado un decálogo de compromisos de apoyo al sector primario que incluye la aplicación de un plan de inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria –destinada a garantizar el pago de unos precios justos a agricultores, ganaderos y pescadores–; la petición al Ejecutivo central de que excluya al lobo del listado de especies en régimen de protección especial; y la solicitud de una aplicación «flexible y justa» de la normativa agroalimentaria europea.
Este documento, presentado por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y los responsables forales con competencias sobre el sector primario, recoge medidas «que ya se están llevado a cabo», según ha destacado la propia consejera.
El decálogo incluye un compromiso en favor de la «flexibilización» de la normativa y la burocracia aplicada al sector. De esa forma, las instituciones vascas se comprometen a trabajar, ante «las administraciones competentes», para lograr una aplicación de la normativa comunitaria «que sea flexible, justa y adaptada a las realidades específicas de Euskadi».
«LOS MISMOS ESTÁNDARES»
El objetivo es «reducir la carga burocrática» y que se asegure que las producciones extracomunitarias «cumplan con los mismos estándares que deben cumplir las europeas». Para ello, se considera necesario revisar la normativa básica de la Política Agraria Común (PAC), establecer mecanismos de compensación ante las exigencias europeas y crear ‘cláusulas espejo’, de manera que los productos importados a Europa «deban cumplir los mismos estándares que los de producción locales».
En el ámbito de los precios, Gobierno y diputaciones se comprometen a trabajar ante las autoridades competentes en una aplicación «efectiva» de la Ley de Cadena Alimentaria en Euskadi, «promoviendo la equidad transparencia y sostenibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria».
Con ese fin, y de acuerdo a lo que establecerá un decreto sobre esta materia que se aprobará en abril, se creará una comisión de seguimiento en relación a las medidas recogidas en la ley. En este sentido, se considera necesario «dar paso a un plan oficial de inspecciones junto con la aplicación de un régimen sancionador adecuado».
Las instituciones vascas también se comprometen a «armonizar» las políticas ambientales con la actividad agraria, «promoviendo un entendimiento mutuo que reconozca el papel vital de la agricultura en la conservación del medio ambiente y su convivencia con la fauna silvestre».
El decálogo recoge la intención de «analizar jurídicamente y solicitar» al Gobierno central «la exclusión del lobo del catálogo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial».
PROTECCIÓN «EXAGERADA»
Tapia ha recordado que en Euskadi ya se está trabajando en la elaboración de un plan de gestión del lobo. No obstante, ha afirmado que esto «no impide» que se haya realizado un análisis «con una persona experta reconocida en el tema del lobo», que ha hecho luego un diagnóstico de la situación de esta especia en Euskadi. Dicho diagnóstico –ha afirmado– indica que el nivel de protección que tiene en estos momentos el lobo es «exagerado».
La consejera ha explicado que, por este motivo, ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica «reducir el nivel de protección del lobo con el objetivo de que se reevalúe de forma detallada su situación del lobo en Euskadi».
Por otra parte, se constituirá una mesa de trabajo con la Agencia Vasca del Agua-URA «para abordar una gestión sostenible de los residuos ganaderos, minimizando su impacto ambiental», contemplando la posibilidad de analizar la aplicación de «beneficios o deducciones fiscales en aquellas actividades agrícolas, ganaderas o forestales que generen los beneficios ecosistémicos».
A su vez, el documento alude a la puesta en marcha de un programa de ayudas «estable, adaptativo y que responda eficazmente a las necesidades sectoriales específicas de cada sector del ámbito agrario».
AYUDAS
En este apartado, el Ejecutivo y las diputaciones mantendrán la «priorización» de la explotación familiar, así como las ayudas extraordinarias que respondan a situaciones de crisis, como las aplicadas a raíz de la invasión rusa de Ucrania o la covid.
Por otra parte, se implementarán medidas fiscales que apoyen al sector agrario, «aliviando las cargas»; y se fomentará la innovación y uso de tecnologías en el sector agrario. Con ese fin, se considera necesario desarrollar una ‘agricultura de precisión’, proyectos de digitalización, de formación de nuevas tecnologías, y de implementación de las mismas en el campo, para lo que se reconoce que resulta «imprescindible» que internet «llegue a todas y cada una de las explotaciones con banda ancha».
Asimismo, se apuesta por solicitar ante las autoridades comunitarias que «a mayores exigencias impuestas por la normativa, se correspondan incrementos proporcionales en los niveles de ayuda». Otro de los compromisos alude a la necesidad de «aprovechar al máximo los plazos de cumplimiento y excepcionalidades contempladas en la normativa para aliviar la carga sobre nuestros baserritarras».
COORDINACIÓN
El Gobierno autonómico y los ejecutivos forales asumen la necesidad de «fortalecer» el sector primario, «asegurando que tenga una voz potente y decisiva dentro de la estructura administrativa de Euskadi». Para ello, se comprometen a establecer «un marco de gobernanza permanente y dinámico» entre las administraciones y las organizaciones representativas del sector, utilizando como foro la Comisión de Política Agraria y Alimentaria y de Desarrollo Rural.
Tapia ha recordado que, además de los «bastantes recursos» que las diputaciones han destinado al sector, el Gobierno Vasco aportará este año 68 millones de euros en concepto de programas «habituales» de ayudas al sector.