COAG ha asegurado que la Policía Nacional no les ha comunicado «ningún tipo de irregularidad» en más de año y medio de investigación sobre el fraude de ayudas europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional, según ha informado en un comunicado.
En concreto, la organización agraria ha mostrado su «sorpresa y malestar» por la nota de prensa publicada este jueves por la Policía Nacional, ya que «atenta contra el derecho de libertad sindical al publicarse a tres días de la celebración de las elecciones agrarias en Castilla y León, en las que COAG concurre».
COAG también ha precisado que los informes de la Intervención General de la Administración del Estado ponen de manifiesto que los fondos europeos sujetos a investigación se limitan a 32.899 euros, en un programa desarrollado en ocho Comunidades Autónomas durante tres años.
Desde el inicio de este proceso, la organización agraria ha recordado que ha «mostrado su total colaboración para esclarecer cuanto antes dicha investigación».
De esta forma, COAG ha reiterado su «total transparencia y predisposición» con las autoridades competentes en esta investigación.
FRAUDE DE AYUDAS EUROPEAS
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Procedimiento de Investigación de la Fiscalía Europea, bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional y tras unas pesquisas iniciadas por un Juzgado de Instrucción de Sevilla, han destapado hoy un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional.
Según la Policía Nacional, hay 42 personas investigadas no detenidas y se han realizado dos registros en la sede nacional de Madrid y en la regional de Andalucía.
Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.
IMITACIÓN DE FIRMAS
El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional ha revelado la existencia de múltiples supuestas irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas, según los investigadores.
La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.
Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla, que posteriormente remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación; y a raíz de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional. En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas, cuya ejecución se encontraba subvencionada.
AYUDAS PRESTADAS CON CARGO A FONDOS EUROPEOS
El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional reveló la presunta existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante un sofisticado sistema de imitación de firmas en los documentos que conformaban el expediente de justificación.
Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020. Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.
LA ENVERGADURA DEL FRAUDE
La complejidad de la investigación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados. Además, la Intervención General de la Administración del Estado ha colaborado en el cotejo exhaustivo de documentos y el análisis de datos.
Se trata de la primera explotación operativa a nivel nacional en materia de fraude de subvenciones europeas instruida por la recién creada Fiscalía Europea. Hay 42 personas investigadas no detenidas y se han realizado dos registros en la sede nacional de Madrid y en la regional de Andalucía.
Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.