El Gobierno de Castilla-La Mancha va a plantear una moción a la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, a través del Grupo Parlamentario Socialista, para modificar esta norma y que establezca que la cesión al banco de tierras que recoge sea «exclusivamente» de uso y «en ningún caso» de propiedad.
Así lo ha dado a conocer este miércoles en el transcurso de una rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha añadido que con este cambio se añade «certeza y seguridad» y se afianza a Castilla-La Mancha «como la región con la mejor Ley de Agricultura Familiar de toda España, una normativa que protege a los pequeños y medianos extremeños».
Del mismo modo, ha indicado que con esta moción, pese a los «bulos» del PP, se confirma que no se plantea «ninguna expropiación de tierra a ningún propietario» y que lo que se pretende es «mantener la condición de tierras para destino agrícola al tiempo que se facilita el relevo generacional».
Es por ello por lo que ha manifestado que el Gobierno castellanomanchego ha promovido esta enmienda para acabar «con la demagogia» que hizo en torno a esta Ley el PP y que, ha añadido, los ‘populares’ siguen haciendo a día de hoy. Todo ello, con el fin de que esta normativa pueda desarrollarse «con todo su esplendor».
«EXCLUSIVAMENTE DE USO»
«La enmienda propuesta establece claramente que la cesión de tierras al banco de tierras será exclusivamente de uso y en ningún caso de propiedad y que ello se hará además con la compensación correspondiente y previa tramitación del expediente», ha subrayado.
A ello ha añadido la portavoz del Gobierno castellanomanchego que el procedimiento para la declaración del incumplimiento de la función social de uso de tierra podrá suspenderse «en cualquier momento» cuando exista acuerdo de la propiedad.
«Este cambio confirma lo que García-Page ha dejado claro desde el primer momento, pese a los bulos del PP, y es que no se plantea ninguna expropiación de tierra a ningún propietario, sino que lo que se pretende es mantener la condición de tierras para destino agrícola al tiempo que se facilita el relevo generacional», ha reiterado.
ENMIENDA A LA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
De otro lado, Padilla ha dado cuenta con otra enmienda a instancia del Gobierno regional, a través del PSOE en las Cortes, pero para la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. «Una herramienta imprescindible para la protección del medio ambiente buscando contribuir al desarrollo sostenible en todos los proyectos que tienen lugar en nuestra región», ha considerado.
La normativa tiene por objeto hacer compatible la conservación con las garantías ambientales de los «grandes proyectos» de inversión que se ubiquen en la región, regulando la evaluación ambiental de los planes, de los programas y de los proyectos que puedan tener «efectos significativos» en el medioambiente.
Concretamente, la enmienda pretende hacer esta normativa más participativa con los ayuntamientos por lo que además de aportar la documentación requerida por el órgano ambiental, que recoge ahora mismo la ley, se deberá elaborar un informe por parte del consistorio que evalúe la compatibilidad de los proyectos que se ubiquen en el municipio con su planteamiento urbanístico, un informe de afección socioeconómica y también los efectos sinérgicos con otros proyectos que ya pueda haber en el municipio.
«Por lo tanto, a partir de ahora serán los ayuntamientos los primeros en dar su visto bueno a la ubicación de un proyecto en su término municipal y tendrán más autonomía para decidir qué tipo de proyectos quieren en su municipio, de forma que no se implantará ninguno que el ayuntamiento no considere adecuado», ha explicado Padilla.