Las medidas de desescalada adoptadas por el Gobierno han caído como un jarro de agua fría para la hostelería. Al menos para los 130 empresarios que hasta la fecha han firmado un comunicado para poner de manifiesto su más profundo malestar con las decisiones del Ejecutivo llegando incluso ha anunciar que no abrirán sus negocios de momento. Entre ellos se encuentran algunas de las compañías más importantes del sector en España, como Grupo Larrumba, Grupo el Paragüas, Pastelerías Mallorca, Grupo Verbena, Grupo Marengoy o Grupo los Cabezudos, entre otros. Todos ellos representan a 370 locales y emplean a más de 3.000 trabajadores.
Las decisiones que más molestan
Una de las principales quejas es que aseguran que no han sido consultados para decidir las medidas más adecuadas para la desescalada de la hostelería. «Consideramos que en un sector tan debilitado como el nuestro, es imprescindible que la Administración escuche nuestras propuestas para poder tomar decisiones sensatas y razonables que contribuyan a crear un clima de confianza que logre la reactivación del sector», aseguran en su comunicado.
Y añaden que «el cierre de la hostelería por efectos del COVID-19 nos afecta todos por igual, pero va a ser especialmente agresivo con aquellos que menos músculo financiero tienen: establecimientos pequeños, con escasa solvencia, con dependencia de la rotación más que de los márgenes: locales de superficie escasa, de alquiler y con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios».
Entre las medidas para la desescalada de la hostelería más criticadas por este grupo de empresarios está la limitación del aforo (un máximo del 30% en la Fase 1). Además de las inversiones que se requerirán para la puesta en marcha de los establecimientos, provocadas por la necesidad de la toma de temperatura, el túnel de desinfectado o la instalación de mamparas. «Generarán una importante merma en la rentabilidad de los negocios cuando no la desaparición de muchos al no soportar la caída del rendimiento», aseguran.
Más allá de la desescalada
Además, los firmantes de este comunicado «requieren al Gobierno para que se pronuncie respecto de la moratoria de los alquileres de local de negocio y que permita que los hosteleros sean reintegrados por la totalidad de los alquileres abonados a partir de la adopción del estado de alarma o que, subsidiariamente, en caso de que haya hosteleros que todavía no hubieran abonado estas cantidades se les declare exentos de cumplir tal obligación». Además de que la exención del pago de dichos alquileres se prolongue hasta la reapertura de los locales de negocio.
En el mismo sentido, también reclaman que «el Gobierno favorezca que los arrendatarios de locales de negocio puedan proponer al arrendador una revisión de las condiciones mientras dure o haya durado la situación excepcional que se deriva de la declaración del estado de alarma». Y que esto se pueda extender también a otros proveedores más allá del alquiler de locales.
También se pide que los ayuntamientos «preparen baterías de medidas de carácter fiscal de carácter inmediato (como exención de tasas, IBI, ayudas directas al alquiler…)».
Así como que el Ejecutivo mantenga la figura jurídica del ‘ERTE por fuerza mayor’ no sólo hasta que termine el estado de alarma, sino hasta que el sector «de señales de recuperación en el corto y medio plazo».
Por último, se hace un llamamiento para que se realicen test de diagnóstico a todos los profesionales del sector. «Consideramos que sería imperdonable que el recobro de la ‘normalidad’ tuviese como consecuencia un impacto negativo en la salud de nuestros trabajadores o de nuestros clientes», aseguran.
Bares y restaurantes cerrados
Este grupo de hosteleros afirma que no abrirán sus locales «hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes». Y recuerdan que el de la hostelería es un sector que aporta más del 7% del PIB.
«Esperamos que la falta de consideración que ha mostrado el Gobierno respecto de nuestra opinión sea enmendada en los próximos días, pero hasta entonces queremos dejar claro que la hostelería española permanecerá cerrada», concluyen.
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