Las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea sobre los recursos interpuestos por el Consejo y la Comisión Europea contra la sentencia que anula los acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos se dará a conocer el próximo 21 de marzo, según señala el calendario judicial del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Se trata de sendos recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada en septiembre de 2021, a petición del Frente Polisario, que anuló el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos y el acuerdo sobre preferencias arancelarias que incluía ilegalmente el territorio saharaui ocupado.
Los recursos del Consejo y la Comisión reclaman que se anule la sentencia recurrida y, en consecuencia, se desestime el recurso interpuesto en primera instancia por el Frente Polisario o, si el Tribunal de Justicia considera que el estado del litigio no permite que sea juzgado, se devuelva el asunto al Tribunal General.
Asimismo, piden que se condene al Frente Polisario a cargar con las costas de ambas instancias y alegan errores de Derecho basados en la falta de legitimación activa del Frente Polisario.
El protocolo del acuerdo expiró el pasado 17 de julio, fecha en la que la flota afectada suspendió su actividad y cuya posible renovación depende del fallo del TJUE, al que precederá la opinión del Abogado General, que si bien no es vinculante, dicta la línea de la gran mayoría de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal europeo.
El último acuerdo entre la UE y el Reino de Marruecos entró en vigor el pasado 18 de julio de 2019, lo que permitió reanudar la actividad de la flota comunitaria, que llevaba suspendida desde el 14 de julio de 2018.
Ahora, la nueva suspensión de la actividad afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.
En lo que respecta a las ayudas por la paralización de la pesca, estas sólo podían recibirse durante un máximo de seis meses, ya que el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) no contempla la expiración de un acuerdo como una «causa mayor».
A la espera de las conclusiones y la posterior sentencia, la eurodiputada socialista Clara Aguilera ya auguró, en declaraciones a Europa Press, que «habrá dos años de suspensión» de la actividad de la flota que faena en caladeros marroquíes incluso si, «en el mejor de los casos», el fallo permite la renovación del acuerdo pesquero.