El PP ha planteado este lunes un plan de choque con quince medidas para afrontar las crisis del sector agrario, entre las que incluye suspender el impuesto al plástico y un pacto nacional del agua que incorpore inversiones en infraestructuras para afrontar la sequía.
En ese paquete de propuestas figura además crear un grupo de expertos que «revise las actuales políticas de sanidad animal, revisar el plan de seguros agrarios, reformar el PERTE agroalimentario o indemnizar a los afectados por los ataques en Francia.
Así se recoge en un manifiesto en defensa del campo español que han consesuado los consejeros de Agricultura del PP durante la reunión que han mantenido hoy en la sede nacional con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible de la formación, Paloma Martín, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había avanzado una horas antes que su partido propondría ese plan de choque a favor del rural. Lo ha hecho durante una visita a una explotación agraria en Lalín (Pontevedra) en su cuarta jornada en Galicia con motivo de la campaña para las elecciones autonómicas del 18 de febrero.
DENUNCIA LA «DERIVA IDEOLÓGICA» DEL GOBIERNO
En su manifiesto, el PP expresa su apoyo «incondicional» a todos y cada uno de los agentes que componen el sistema alimentario español y muestra su «total compromiso para seguir siendo el gran partido del campo y del medio rural», según ha señalado la formación en un comunicado.
Además, los responsables del PP han lamentado la situación de un sector que, a su juicio, es Marca España, «capital en la salida de la crisis por su contribución a la balanza comercial y que está llamado a ser determinante en las crecientes necesidades globales de alimentos».
«Las ideas tienen consecuencias, y la deriva ideológica del Gobierno de Sánchez en contra del campo, de los agricultores y ganaderos, ha tenido consecuencias evidentes y nefastas», han señalado.
LAS PROPUESTAS DEL PLAN DE CHOQUE
El PP ha subrayado que el documento incluye «las principales exigencias» que deberían aplicarse con «carácter inmediato» para afrontar la crisis del campo y que abarcan desde la rebaja de impuestos hasta las modificaciones legislativas.
En primer lugar, el PP reivindica «el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural»; Además plantea reforzar la imagen de España en los mercados, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de la gastronomía española.
En tercer lugar aboga por garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar la dependencia de terceros países, con medidas como la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales y deben flexibilizarse con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.
«IMPACTO DE RURALIDAD»
En cuarto lugar pide que se exija que cualquier norma que se apruebe lleve aparejado obligatoriamente un informe de su impacto en la economía rural y en la producción de alimentos: impacto de ruralidad.
Asimismo, reclama que se exija, «con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común, a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los ecorregímenes –condiciones medioambientales– y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de países de la UE».
En sexto lugar, propone un Pacto Nacional del Agua para asegurar la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias como garantía de seguridad alimentaria. Para ello, añade, deben «realizarse inversiones en infraestructuras que garanticen la disponibilidad de agua para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos».
El PP también reclama la revisión de la Ley de la cadena alimentaria a fin de «garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica; revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados; y reformar el PERTE agroalimentario, revisando los criterios y fondos asignados por el Gobierno a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de España.
EXPERTOS QUE REVISEN LAS POLÍTICAS DE SANIDAD ANIMAL
Asimismo, el PP plantea crear un grupo de expertos que «revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades. Según explica, conservar la biodiversidad y mantener la actividad agrícola requiere también del «adecuado control de la fauna salvaje y las especies invasoras».
En su plan de choque incluye también «revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea», exigir al Gobierno el compromiso «de no crear nuevos impuestos, ni aplicar más cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria».
Es más, solicita expresamente «suspender el impuesto al plástico, dado que España ha sido de los primeros países en aplicarlo, con recaudación récord por encima de las propias estimaciones del Gobierno en su primer año de aplicación».
Los ‘populares’ demandan además rebajar el IVA de los productos esenciales, incluidos carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos y sus derivados; y exigir «el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés».