La Associació de Fabricants de Formatge de la Comunitat Valenciana (AFCV) ha reclamado este lunes revisar o derogar acuerdos de libre comercio ante el «ahogo» que sufre el sector.
Así lo ha indicado en un comunicado ante las protestas convocadas del sector primario para este martes y en un contexto en el que advierten de que la autonomía, al igual que otras muchas regiones, «se está quedando sin granjas de producción de leche y sin leche no se van a producir quesos».
Según ha explicado la entidad, esta situación «viene agravada año a año y desde antiguo con unas políticas que no favorecen el desarrollo y trabajo digno de ganaderos y productores de lácteos y sus derivados».
Los fabricantes de queso señalan que a la situación «generalizada de un mercado globalizado se le unen «las políticas normativas y comerciales que desde Bruselas se dictan, y a nivel estatal la de una presión continuada donde la burocracia y la aplicación estricta de nuevas regulaciones no hacen sino ahogar el día a día del productor, sobre todo cuando se refiere a medianos y pequeños ganaderos y elaboradores lácteos».
Frente al hecho de que la Comunitat Valenciana se está quedando sin granjas de producción de leche, la entidad critica que el nuevo tratado de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda «permitirá la entrada por un período de tiempo de 25.000 toneladas de queso a arancel cero».
Por ello, considera que es necesario «revisar los acuerdos o incluso derogarlos, dando preferencia a nuestros productos y que no sirvan como moneda de cambio para favorecer a otros intereses productivos europeos con mayor capacidad y poder de influencia en Bruselas».
La asociación explica que comparte «especialmente» el «agravio de los ganaderos con respecto a las exigencias cada vez mayores para cumplir con los reglamentos de la Política Agraria Común» y acusa a las diferentes administraciones de, «lejos de procurar medidas de ayuda que favorezcan e incentiven la ganadería», «complicar cada vez más la práctica de un oficio ancestral como el ganadero, que fija población en el medio rural, genera miles de puesto de trabajo, cuida el territorio y provee a la sociedad de alimentos».
En esta línea, reivindican también la aplicación del principio de preferencia comunitaria ante las importaciones de productos alimentarios de terceros países.