El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado información al Observatorio de la Cadena Alimentaria para controlar que la ampliación del IVA reducido, que ha entrado este viernes en vigor para determinados alimentos, no sea utilizada por empresas para aumentar su margen de beneficio, lo que perjudicaría a los consumidores.
La Dirección General de Consumo ha remitido una carta al Observatorio para pedir que se envíen «datos actualizados y con mayor periodicidad sobre las irregularidades de este tipo que puedan producirse» ante las denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios sobre incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista, principalmente en alimentos como el aceite de oliva, y en frutas y verduras. Estas denuncias han sido trasladadas al Observatorio de la Cadena Alimentaria, como autoridad competente de inspección en esta materia.
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha recordado que esta práctica va en contra de lo estipulado en la medida y reclama que se les traslade una información puntual sobre este tipo de prácticas para que la Dirección General de Consumo pueda poner en marcha «su labor sancionadora ante potenciales incumplimientos, y generar así efectos disuasorios, además de garantizar que las personas consumidoras sean beneficiadas por esta medida».
La aplicación temporal del tipo impositivo reducido del IVA prohíbe expresamente que esta reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial. Por esta razón, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha mostrado su colaboración al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para «combatir estas prácticas que van en perjuicio de los consumidores, y ha puesto en valor el trabajo del Observatorio de la Cadena Alimentaria en la vigilancia de este tipo de prácticas».
En este contexto, la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, ha recordado que la reducción del IVA en productos de alimentación básicos prohíbe explícitamente «que del precio se aproveche por parte de las empresas para aumentar sus márgenes de beneficios».
«Tenemos que tener en cuenta que precisamente el objetivo de la medida es facilitar el acceso de estos productos de alimentación de primera necesidad en un contexto de subida de precios derivado de la guerra de Ucrania. Si las empresas aprovechan la bajada del impuesto para aumentar sus márgenes de beneficios, el efecto sobre el precio final quedaría disipado y, por tanto, la medida perdería todo su efecto», ha asegurado en declaraciones difundidas a los medios.
Por ello, ha advertido de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene capacidad sancionadora «para sancionar estas prácticas en el caso de que se produjeran». «No es suficiente con observar subidas de precios finales, tenemos que estar seguros de que son los márgenes empresariales los que están aumentando», ha subrayado.
«Quien tiene esta competencia para inspeccionar la formación de precios es el Observatorio de la Cadena Alimentaria y por eso estamos en permanente contacto con ellos para, ante cualquier prueba de que esto se pudiera estar produciendo y abrir los expedientes sancionadores que proceden», ha concluido Medialdea.