La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha reclamado a las diferentes formaciones políticas de cara a la próxima legislatura, que se dé «máxima prioridad» al impulso de la industria, tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo
de calidad, como por su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
En concreto, esta alianza industrial está integrada diferentes patronales como Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
La alianza considera que es necesario contar, en primer lugar, con una gobernanza de la política «industrial eficaz y coordinada» entre los distintos departamentos ministeriales y administraciones competentes que garantice un mayor alcance de las medidas que se desarrollen para mejorar la competitividad de las empresas industriales.
El sector ha recordado que en España genera actualmente el 15,3% del PIB de forma directa y el 40% del PIB, alcanzando un valor añadido global de 490.000 millones de euros. Además, la industria es el mayor inversor en I+D+i y genera el 87% de las exportaciones de bienes (por valor de 340.000 millones de euros).
Además, ha reiterado que es un ‘motor’ de empleo, ya que la actividad industrial genera de forma directa 2,8 millones de puestos de trabajo (el 13,6% del total de ocupados del país) y siete millones de empleos considerando los efectos indirectos e inducidos.
La alianza también ha considerado que es «necesario abordar cambios en el entorno regulatorio» para favorecer la inversión empresarial en la industria, que se ve lastrada con frecuencia por importantes retrasos administrativos en los procesos de autorización e inseguridades jurídicas, así como por una sobrerregulación a cuatro niveles: europeo, nacional, regional y local.
Además, ha advertido de que la industria europea se está viendo amenazada por las nuevas medidas norteamericanas (IRA) y la española en
particular, por la reacción europea a las mismas, lo que convierte en un gran reto el mantenimiento de la inversión industrial en España.
PIDE PRECIOS ENERGÉTICOS «ESTABLES Y COMPETITIVOS»
Respecto a la energía, donde la industria es una gran consumidora por sus procesos productivos, ha reclamado que se adopten medidas regulatorias estructurales «urgentes» que permitan resolver el déficit permanente de competitividad energética que España viene arrastrando históricamente frente a las principales regiones industriales de la Unión Europea, y muy en especial Alemania y Francia, ofreciendo a la industria precios energéticos «estables, competitivos y predecibles» y asegurar que, en caso de una nueva crisis energética, España contará con los mecanismos para una respuesta rápida y eficaz que impida o aminore una posible afectación a la economía nacional.
La alianza ha subrayado que a este contexto de «gran volatilidad» de los precios energéticos, junto al encarecimiento de las materias primas y los costes logísticos, se suman también los objetivos de descarbonización que la industria debe acometer para alcanzar una economía neutra en carbono en 2050.
«Necesitamos una política industrial potente que impulse la inversión industrial necesaria para contribuir a la descarbonización, la economía circular y, en general, a las actividades relacionadas con la sostenibilidad de la industria. El apoyo debe darse en un marco
estable de ayudas y medidas, impulsadas con criterios industriales y desde una administración con vocación productiva y empresarial», ha indicado la alianza.
Por otro lado, la industria ha destacado que es clave atraer
inversiones en I+D e innovación en un entorno muy competitivo, así como la mejora de la competitividad logística y la reducción de costes en la fabricación resultan también imprescindibles para avanzar en dicha competitividad.
Los representantes industriales han señalado que es «imprescindible» contar con nuevas fuentes de energía sostenible como los combustibles y gases renovables neutros o de bajas emisiones, así como desarrollar tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y uso de CO2. «Es preciso establecer mecanismos que aseguren el acceso a precios competitivos, un marco regulatorio que favorezca la rentabilidad y competitividad de los proyectos y desarrollar las infraestructuras y redes que garanticen su suministro», han señalado.
De esta forma, han demandado un marco de incentivos públicos tanto a la innovación como a la producción de combustibles renovables para la descarbonización, así como una regulación que favorezca tanto la competitividad de la industria consumidora como la rentabilidad de los proyectos en curso y los nuevos proyectos de producción, especialmente de hidrógeno, biogás o biometano en España.
La industria ha advertido de que la coyuntura geopolítica internacional actual está perfilando un entorno «muy tensionado» para la industria y sus empresas, por lo que consideran prioritario potenciar la expansión internacional y focalizarse en los mercados exteriores tanto para la industria como para el sector público, siendo una herramienta fundamental para continuar afianzando el tejido productivo industrial con efectos también sobre el empleo.
Respecto al relevo generacional, la industria española reconoce que se encuentra ante el reto de atraer talento joven y muy en particular, talento femenino. «Es una prioridad para la industria con una importante repercusión sobre el conjunto de nuestra sociedad, el próximo Gobierno, junto con el resto de administraciones, debe también adoptar medidas que apoyen al sector industrial, generador de empleo de una elevada calidad, en esta labor imprescindible de atracción del talento para asegurar la renovación generacional», ha señalado.
Por último, las organizaciones empresariales han reiterado que la industria española es un «motor sólido, estable y resiliente de crecimiento» y una base clave para el desarrollo económico y social de España que, por su capacidad tractora, requiere ser una prioridad de la próxima legislatura.