Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) han criticado en su reunión de este lunes el plan de la Comisión para eliminar la pesca de arrastre en las zonas marinas protegidas para 2030 porque consideran que es «precipitado» y desequilibrado» y que supone una «condena» para este arte.
España y Francia han sido algunos de los países más vocales contra este plan de Bruselas para garantizar la protección jurídica de sus mares con la ampliación de las zonas marinas protegidas del 12% actual al 30%, ya que ambos han advertido del riesgo de desaparición de la pesca de arrastre si reduce a los niveles del Plan de Acción.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que «dos tercios del pescado que consume la UE son importaciones de terceros países con criterios de sostenibilidad totalmente distintos» que los que se autoimpone la Unión, por lo que ha tachado el plan de la Comisión de «desequilibrado y desenfocado», ya que considera que no tampoco tiene en cuenta sus consecuencias socioeconómicas.
En la misma línea, el ministro francés, Hervé Berville, ha criticado que las propuestas de Bruselas están «desconectadas» de la realidad y ha advertido de que si el plan de prohibir la técnica del arrastre se lleva a la práctica, se estaría «condenando» la pesca artesanal en europa.
Una preocupación que comparten también otras delegaciones, entre ellas la belga, la alemana, la griega, la irlandesa o la neerlandesa, que han incidido en que la prohibición de la pesca de arrastre «no es la mejor vía» para alcanzar los objetivos climáticos que persigue la UE.
Otro de los argumentos que también han esgrimido España, Grecia, Italia o Chipre es la penalización que suponen normas «rígidas e inaplicables» que podrían implicar un incremento de las exportaciones de terceros países donde no se garantizan esos criterios de sostenibilidad que sí se exigen en la UE.
«Atribuir a este sistema de pesca responsabilidad exclusiva es una simplificación extrema que no puede ser aceptada», ha aseverado la representación italiana, mientras que los polacos han insistido en que la «clave» está en garantizar la «supervivencia» del sector.
Una afirmación respaldada también por los países bálticos, que han recalcado que el mal estado de ciertos ecosistemas no se debe exclusivamente a la pesca y que, por tanto, esta «no debe asumir el peso de todas las medidas», al tiempo que han advertido de que las consecuencias socioeconómicas de la eliminación total de la pesca de arrastre pueden ser «enormes».
Los Veintisiete también han mostrado sus reservas y preocupaciones sobre el marco jurídico de aplicación de esta medida o el establecimiento de unos plazos «particularmente ajustados», por lo que han solicitado a Bruselas una revisión de los contenidos del plan de conformidad con los Estados miembro y con el sector, a fin de establecer un plan con medidas «más concretas, compartidas, equitativas y sostenibles».
Por su parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha reiterado que el Ejecutivo comunitario no propone la prohibición, sino que pide a los Estados miembro que apliquen todas las medidas pertinentes antes de marzo de 2024, y solo entonces, una vez se hayan evaluado, Bruselas podrá presentar una propuesta legislativa.
Consciente de que se trata de un debate «complejo», ha animado a los países de la UE a tratar de «encontrar un equilibrio muy difícil pero que es fundamental» porque la pesca como actividad económica, a pesar del trabajo «durísimo» del sector, «no sobrevivirá sin los ecosistemas», ha advertido.